En esta edición se destacan los estudios jurídicos socios de la Cámara Chileno Colombiana de Comercio: Cariola, Díez Pérez-Cotapos & Cía Ltda; Guerrero Olivos; Carey & Allende Abogados y Alessandri. 

Al igual que el año pasado, son 21 las firmas nacionales reconocidas, lo cual mantiene a Chile en el tercer país con más recomendaciones de la zona, después de Brasil, México y Argentina.

Las 21 firmas chilenas que el año pasado fueron las recomendadas por la guía británica Latin Laywer 250 siguen siendo las mismas este año, lo cual mantiene a Chile como el tercer país latinoamericano con más recomendaciones, siendo superado solo por Brasil, que cuenta con 57 oficinas destacadas, dos menos que en 2014; México, con 37, también con dos menos que el año pasado, y Argentina, con 25, lo que significa el aumento de una firma en comparación con la versión anterior del ranking. Perú, por su parte, se ubica en el puesto número cuatro con 20 firmas, aumentando así las 19 que tenía el año pasado.

Debido a que el listado está por orden de tamaño, el primer nombre nacional que figura en la lista de recomendados es Carey, descrito como un titán de alto rendimiento, seguido por la recién creada oficina Philippi Prietocarrizosa & Uría fusión de la chilena Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner con la colombiana Prietocarrizosa y su asociación con la ibérica Uría Menéndez, sobre quienes la publicación señala que se trata de un peso pesado del mundo corporativo.

Ambos estudios son seguidos por Barros & Errázuriz Abogados, identificado como un estudio todo servicio con gran influencia en operaciones de transacción; Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía., que según Latin Lawyer es un jugador corporativo con mirada de futuro; Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, una firma con tradición en la minería y prestigio en litigios, y Claro & Cía., una oficina de primera línea en materia de litigio y transacciones.

Más adelante se ubica Morales & Besa, que según la guía tiene destreza en materia de transacciones; Guerrero Olivos, descrito como una importante firma innovadora del mundo corporativo; Prieto y Cía., un respetado jugador de tamaño mediano; la oficina chilena de Baker & McKenzie, una firma sólida con una red global, y FerradaNehme, que cuenta con una oferta en materia de regulación que se está expandiendo, según la publicación.

Se suman también Carey & Allende, descrita como una firma corporativa con una base de clientes leales; Alessandri, líder en propiedad intelectual con una oferta corporativa, y Aninat Schwencke & Cía., que según el listado está aumentando en popularidad como una oficina corporativa moderna.

Por su parte, Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr Abogados es caracterizada como una oficina con una oferta corporativa sólida, en tanto que Grasty Quintana Majlis & Cía. es descrito como un nombre respetado dentro del mundo corporativo y de minería.

Barros Letelier & González también fue reconocido como una firma con experiencia en el mundo corporativo, además de tener litigios como una de sus fortalezas, mientras que Vergara Galindo Correa Abogados fue destacado como un estudio líder en materia medioambiental.

Finalizando la guía se ubican Noguera, Larrain & Dulanto, descrita como una oficina moderna y ambiciosa; Silva & Cía., especializada en propiedad intelectual, y Núñez, Muñoz, Verdugo & Cía., experta en minería que está expandiendo su oferta.

 ¿Cómo los eligen? 

Latin Lawyer ordena los estudios de abogados reconocidos por tamaño, de mayor a menor. No es un ranking, sino que más bien una guía para potenciales clientes extranjeros, por eso no se divide en bandas, a diferencia de otros listados.

Para su elaboración se basa en la visitas de sus especialistas a cada uno de los estudios, además de realizar entrevistas personales con clientes de la región y otros mercados importantes de la zona como Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Portugal.

Además de Chile, Brasil, México, Argentina y Perú, la guía también recomendó 18 firmas de Venezuela; 14 de Colombia; nueve de Uruguay y de Costa Rica; ocho de Guatemala, Panamá y de Paraguay; siete de Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua; seis de Honduras, y cinco de República Dominicana.